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La Contraloría General de la República (CGR) ha determinado que los concejales, no pueden intervenir ante los municipios para gestionar intereses particulares ni acelerar trámites de casos individuales. Además, se limitó su fiscalización directa en recintos municipales, obligándolos a encauzar sus requerimientos de manera formal.
Los detalles del nuevo marco regulatorio incluyen:
Fin a los favores personales: La Contraloría dictaminó que la labor de los concejales debe enfocarse exclusivamente en el interés general, interceder ante el alcalde o los funcionarios por requerimientos particulares o vecinales individuales vulnera el principio de probidad administrativa.
Fiscalización indirecta: El Dictamen N° D148 estableció que los ediles no tienen atribuciones para realizar fiscalizaciones directas (ni presentarse sin previo aviso) en dependencias municipales o corporaciones. Toda revisión debe hacerse mediante solicitudes formales de información dirigidas al alcalde, quien tiene un plazo legal de 15 días para responder.
Exclusividad de funciones: El rol del concejal se restringe a las funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras, priorizando siempre la imparcialidad y el bien común de la comuna.
